El secretario de Estado de Justicia, Manuel Dolz, ha subrayado hoy durante su participación en la reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia e Interior (JAI) celebrada en Innsbruck (Austria), -primer Consejo JAI convocado por este país, que ocupa la presidencia rotatoria de la UE desde el pasado 1 de julio-,  la voluntad de España de avanzar en la obtención transfronteriza de pruebas electrónicas (técnicamente denominada e-evidence) en los procesos penales de investigación sin que el principio de jurisdicción territorial (en estos casos, la localización física de los datos) facilite la negativa de los proveedores de servicios ubicados en otros Estados miembros de la UE.

Dolz ha manifestado que la protección de los derechos fundamentales y los datos personales en el entorno comunitario son indiscutibles y no se verán afectados si la autoridad judicial de un Estado miembro envía directamente a un proveedor situado en otro país miembro órdenes de producción o preservación de pruebas electrónicas a través de un certificado dirigido al representante legal que ese proveedor designe a este fin en la UE.

“Lo primordial – ha explicado Manuel Dolz- es garantizar tanto la eficacia en la obtención y transmisión de las pruebas electrónicas como el respeto en ese proceso de los derechos fundamentales que son el pilar básico de la UE y protegen a las partes implicadas: a los investigados y a quienes reclaman la tutela judicial”.

En este sentido, el secretario de Estado ha señalado también la necesidad de superar las trabas que impiden hoy homogeneizar los instrumentos procesales de investigación y aplicarlos directamente al ciberespacio, así como la importancia de una adecuada regulación de los supuestos en los que cabría oponerse a las órdenes emitidas por una autoridad judicial.

Refuerzo de la confianza mutua en materia penal

En el ámbito de la cooperación judicial penal, los ministros de Justicia de la UE han insistido en el refuerzo de la confianza mutua como condición efectiva para la cooperación judicial transfronteriza. El representante español ha recordado el apoyo constante de nuestro país al reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales en el espacio de justicia europeo y a la armonización penal respecto de los delitos que el Tratado considera especialmente graves.

En línea con esta posición, Dolz ha manifestado la importancia de la confianza mutua como elemento esencial para que la cooperación judicial en materia penal en el seno de la UE sea eficaz.

La digitalización como instrumento de fomento de la cooperación civil

Además, en esta reunión informal del Consejo JAI se ha abordado la necesidad de seguir reforzando la cooperación judicial en asuntos civiles y mecantiles con un uso reforzado de medios electrónicos de comunicación (objetivo fijado en la agenda de Justicia de la UE para el año 2020) y se han tratado las propuestas de reforma de dos Reglamentos destinados a regular y simplificar la notificación y la obtención de pruebas, respectivamente.

En relación a estas propuestas legislativas (que contemplan la regulación del uso de las notificaciones electrónicas y de la videoconferencia, el idioma de la notificación, etc..) la posición española apuesta por la digitalización en el ámbito judicial y apunta a la necesidad de realizar esta modernización en un entorno digital seguro que permita identificar a las partes de manera inequívoca y respete sus derechos procesales.